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domingo, 6 de octubre de 2019

Desalojos, acusaciones y Faes: El asedio a vecinos y comerciantes alquilados en Parque Central



Foto Steffany Carvajal – @steffdcv/ La Patilla

“Búsquense a quien quieran. Yo tengo los padrinos más poderosos de este país”. Ante tal amenaza que provenía de una alta autoridad del Distrito Capital, comerciantes de los locales ubicados en Parque Central se sintieron más desamparados que nunca.



Desde hace un año aproximadamente se encuentran en riesgo de ser desalojados al menos 100 de los 200 locales comerciales entre públicos y privados que hacen vida en el complejo ubicado al final de la avenida Lecuna. Algunos de ellos ya se vieron forzados a cerrar y otros fueron tomados en medio de presiones y amedrentamiento contra los arrendados. 

Lenis Márquez reside en Parque Central desde hace 22 años junto a su esposo. Diez de ellos habían estado al frente de un local de latonería y pintura en el sótano 3. Hace 5 meses su esposo fue acusado de robo. No fue demostrado y en consecuencia un tribunal les autorizó abrir el negocio nuevamente. Desde el gobierno de Distrito Capital se negaron.
“Nos dicen que es por algo político, pero no explican qué es lo político. Este era nuestro único sustento (…) de verdad me siento muy golpeada, de verdad esto ha sido duro para mi. Me tiraron a las redes sociales sin tener un motivo oficial porque dicen que el ‘poder puede más’“, sostiene Lenis entre lágrimas. Su hija adolescente le acompaña siempre, le preocupa la depresión en la que pueda caer su mamá con lo ocurrido. 

Foto Steffany Carvajal – @steffdcv/ La Patilla

Otros comerciantes de locales públicos y privados como Alex Rivas, con más de 20 años de residente en el complejo, ha sido humillado en reuniones sostenidas con la directiva de CorpoCapital, ente adscrito al gobierno de Distrito Capital que regula los alquileres de los locales públicos. “Quieren quitarnos todo violentando tanto el reglamento de arrendamiento como el de las comunas”, agrega.

Foto Steffany Carvajal – @steffdcv/ La Patilla

También destaca el caso de un establecimiento que se encontraba en alquiler desde el año 1.999. Era una empresa familiar de construcción que debido a la inseguridad en el lugar decidieron usar la oficina solo como depósito con herramientas y materiales de alto costo. En mayo, quien fungía como representante del local se encontró con 15 personas adentro. Habían sacado papeles y documentación administrativa bajo las órdenes de CorpoCapital.
“Fue tomado por órdenes de CorpoCapital y las Faes para rescatar y recuperar los espacios”, le dijeron a la encargada quien prefirió no identificarse por seguridad. Optó por cerrar el capítulo al no obtener respuestas de la gerencia de operaciones y al recibir la recomendación de no denunciar por su integridad. Se presumía que se trataba de un grupo colectivo chavista el que había tomado el lugar. 

Foto: Steffany Carvajal – @steffdcv/ La Patilla

Yery León, presidenta de la asociación de comerciantes de Parque Central al frente de una peluquería desde el año 2010, también se ha visto afectada por la persecución y la presión para que abandonen los establecimientos. En su caso, decidió llevar a tribunales el pago de arrendamiento que se estableció a partir del reglamento. Se niega a ceder a la cancelación de montos excesivos fuera de orden o a entregar su negocio. 
“Yo lo que quiero es que me permitan trabajar. Nos están atropellando, no hay luces, la seguridad no se ve, no hay clientes y mira cómo están los sótanos que también son agremiados. No sé qué es lo que está pasando”, indica León.
De los estacionamientos fueron extraídos varios de los vehículos y trasladados a Mampote sin explicación alguna aun y cuando los alquilados tenían su documentación en regla. Los techos de aluminio también fueron removidos por CorpoCapital por considerarles “nidos de ratas” sin tomar en cuenta la prohibición de este tipo de acciones sobre un complejo considerado Patrimonio Cultural.

Foto Steffany Carvajal – @steffdcv/ La Patilla

Varios de los locales que fueron tomados para ser de “utilidad pública” se encuentran siendo operados como panaderías, fruterías, peluquerías y bodegones. Denuncian que pertenecen a Cestari y socios y que todo podría obedecer a un pase de factura contra la comunidad en general que rechaza desde hace algún tiempo su gestión pese a que muchos militaban anteriormente con el partido de gobierno.

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