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jueves, 8 de agosto de 2019

Venezolanos en el Catatumbo: Desesperados, abusados y desplazados


Un grupo de venezolanos esperan el almuerzo en un comedor de la Iglesia católica que cuenta con apoyo del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, en Tibú, el 11 de abril de 2019. El comedor alimenta a 400 venezolanos por día. © 2019 Human Rights Watch

A más de dos años del acuerdo de paz que puso fin a más de 50 años de conflicto armado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), otros grupos armados luchan por el control de muchas zonas rurales anteriormente controladas por las FARC. Estos grupos han convertido a la región del Catatumbo, próxima a la frontera con Venezuela, en una de las más violentas del país. Desde 2015, los homicidios en Catatumbo se han duplicado. Los grupos armados han cometido desapariciones, crímenes de violencia sexual y reclutado a menores para usarlos como soldados. Más de 40.000 personas han sido desplazadas. En Catatumbo hay actualmente al menos 25.000


venezolanos que huyeron de la crisis humanitaria en su país y ahora sufren gravísimos abusos en Colombia. Amy Braunschweiger dialoga sobre esta crisis con el equipo de investigadores de Human Rights Watch que realizó trabajo de campo en Catatumbo. Sus nombres no se divulgan por motivos de seguridad.
¿Quiénes son los grupos armados en el Catatumbo y qué es lo que se disputan?
F: Hay tres grupos armados en Catatumbo. El más numeroso y poderoso es el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo guerrillero de izquierda que se formó en la década de 1960. El segundo más numeroso es el Ejército Popular de Liberación (EPL), un resabio de una organización guerrillera más grande que se desmovilizó en la década de 1990. Estos dos grupos combaten entre sí y contra el Ejército colombiano. Además, hay un grupo más reducido y menos organizado formado por exmiembros de las FARC.

Los policías se encuentran atrincherados en la estación de policía de Convención, el Catatumbo, 13 de abril de 2019. © 2019 Human Rights Watch

La zona es importante por varios motivos, pero principalmente porque brinda a los grupos armados acceso a las rutas de narcotráfico hacia Venezuela. Y permite el control de los cultivos de coca, que se utilizan para producir cocaína. Esta es una de las regiones de Colombia con mayor cultivo de coca.
¿Por qué van a Catatumbo los venezolanos?
S: Más de cuatro millones de venezolanos han huido de su país en los últimos años porque tienen hambre, no pueden obtener medicamentos o necesitan trabajar. Colombia ha recibido a la mayor cantidad de venezolanos. Muchos venezolanos ingresan al país a través de cruces fronterizos clandestinos (conocidos en Colombia como “trochas”), que están controlados por grupos armados.
Van a Catatumbo porque pueden ganarse la vida allí, en muchos casos trabajando para grupos armados o en economías ilegales. Y muchos se quedan allí porque para ellos es difícil, en la práctica, conseguir un permiso de trabajo e irse de Catatumbo para conseguir trabajos en sitios más seguros. Pero allí están expuestos a gravísimos abusos cometidos por grupos armados.
¿Cómo es la situación en Catatumbo en términos de violencia?
F: Cuando uno visita esta zona y habla con líderes comunitarios o residentes, se puede percibir la inseguridad. Las personas cuentan sobre los asesinatos, el temor que generan y que no denuncian los abusos a las autoridades por temor a represalias. También cuentan que los funcionarios judiciales ni siquiera recogen los cadáveres de las personas asesinadas. Directamente envían a los empleados de casas funerarias a hacerlo.
S. En uno de los sitios que visitamos, la estación de policía estaba atrincherada y protegida con bolsas de arena. Esta dependencia está ubicada a media cuadra de la plaza principal del pueblo. Las personas nos decían que los policías no se alejan ni cuatro o cinco cuadras de la estación de policía, porque no se sienten suficientemente seguros.

Un hombre venezolano muestra sus manos con heridas causadas por el trabajo en las plantaciones de coca, Tibú, 11 de abril de 2019. © 2019 Human Rights Watch

F: Entrevistamos a una mujer cuyo esposo había sido asesinado a las 10 a.m., a pocas cuadras de la estación de policía, presuntamente por miembros de grupos armados. Había varias personas en el lugar cuando esto ocurrió, pero los asesinos huyeron sin problemas.
S: Otro tema preocupante es la desesperación de las personas venezolanas que están allí. Entrevistamos a muchos venezolanos que comían en un comedor comunitario. Todos contaron historias terribles sobre su vida en Venezuela y Colombia. La mayoría había cruzado la frontera hacia Colombia de forma irregular, sin pasar por los puntos migratorios formales y arriesgándose a sufrir abusos de grupos armados que controlan los cruces informales. Muchos nos dijeron que miembros de la Guardia Nacional Bolivariana [parte de las fuerzas militares de Venezuela] les quitaron pertenencias al cruzar la frontera. En Colombia, muchos terminan trabajando en los cultivos de coca, a menudo solo a cambio de comida. Pero estaban tan desesperados por irse de Venezuela que estaban dispuestos a pasar por todo eso.
¿Hubo alguna entrevista que les llamara particularmente la atención?
S: Entrevistamos a un niño venezolano de 14 años que había dejado la escuela en Venezuela porque sus padres no podían darle de comer a la familia. Trabajaba en plantaciones de coca en Catatumbo de 5 a.m. a 4 p.m., bajo un sol agobiante. Nos dijo que a veces los venezolanos trabajaban apenas por un plato de comida y que con él trabajan niños colombianos y venezolanos, algunos de ellos de apenas ocho años. Nos contó que le encantaría regresar a la escuela, pero que no podía. Tenía que trabajar.

Una moto con contenedores de gasolina en el Catatumbo, 12 de abril de 2019. El trasporte ilegal de gasolina es habitual en el Catatumbo. © 2019 Human Rights Watch
F: En mi caso, fueron dos hombres y una mujer cuyos familiares estaban desaparecidos hace algunas semanas. Cuando desaparecieron sus familiares, primero acudieron al ELN y a excombatientes de las FARC para preguntarles qué había sucedido. Al principio, no hicieron la denuncia ante la fiscalía ni la policía. No pidieron ayuda a las autoridades. Creían que la forma más efectiva de resolver sus problemas era tratar con guerrilleros. Eso muestra cuánto temor sienten. Y muestra el grado de control que tienen estos grupos sobre la población.

¿Hubo algo que les sorprendiera en su investigación?

S: Lo limitada que es la presencia del Estado en Catatumbo. Este conflicto armado es una realidad para miles de personas en Colombia y no recibe la atención que debería.
Colombia es un país donde hay instituciones que responden a pedidos de información. Por ejemplo, nuestro informe incluye datos proporcionados por el gobierno colombiano sobre investigaciones y procesos penales. El gobierno también recaba datos exhaustivos sobre inmigración a nivel nacional. Entonces, ¿cómo es posible que este país tenga instituciones que funcionan en ese nivel y, a su vez, haya áreas como el Catatumbo que parecen ser tierra de nadie?
F: Me sorprendieron los controles migratorios que realizan los grupos armados en el Catatumbo. Básicamente, los grupos armados exigen que los venezolanos —o cualquier persona que no sea del lugar— presenten una “recomendación” de un local si quieren estar o trabajar allí. Y si estos venezolanos cometen delitos o no trabajan, los grupos armados obligan a la persona que los recomendó a “responder” por ellos. Este grado de control social es realmente llamativo y alarmante.
¿Por qué el gobierno colombiano no tiene una presencia mayor?
F: Creo que hay zonas como Catatumbo que han quedado olvidadas, en cierto modo, por las autoridades nacionales. Durante décadas. No es algo reciente. No hay suficientes fiscales ni investigadores. Las autoridades no tienen presupuesto para asistir a las personas desplazadas. No hay suficientes policías para proteger a las comunidades. Y cuando se desata la violencia, la principal reacción del gobierno nacional es desplegar miles de soldados. Es entendible, y es algo que podría proteger a la población siempre que las fuerzas militares adopten estrategias que respeten los derechos humanos, pero las comunidades necesitan mucho más que eso.
¿Qué necesitan?
F: Necesitan fiscales, investigadores, asistencia humanitaria y más protección. También necesitan mayores oportunidades de trabajo y progreso.
Un problema clave es el homicidio de defensores de derechos humanos y líderes comunitarios. Este es un asunto muy serio en Colombia. Más de 280 defensores de derechos humanos han sido asesinados desde 2016, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Desde 2017, 14 líderes comunitarios han sido asesinados en Catatumbo —en nueve casos, las investigaciones apuntan a grupos armados—. Se trata de una de las regiones más peligrosas de Colombia para los líderes sociales.
Estos líderes son indispensables en Colombia. Son la voz de las comunidades, son los que les dicen a los grupos armados que la comunidad se opone a su presencia. Son los que denuncian los abusos de grupos armados a las autoridades nacionales, provinciales y locales. Algunos también están organizando a las comunidades para que sustituyan los cultivos de coca con cultivos de alimentos. Y como es esperable, los grupos armados que se financian con la coca y la cocaína se oponen a su labor.
¿Qué necesitan los venezolanos?
S: Hay muchísima ayuda internacional que llega a Colombia para facilitar la acogida de exiliados venezolanos. Pero es claramente insuficiente. En Catatumbo, los trabajadores humanitarios se enfrentan además a una difícil disyuntiva. Por un lado, nadie quiere que haya niños ni adultos que necesiten alimentos o atención médica. Por otro lado, si se les da asistencia se puede correr el riesgo de incentivarlos a quedarse en una zona que es muy peligrosa. Por eso, nuestro informe recomienda que el gobierno colombiano lleve a cabo una evaluación exhaustiva sobre cuántos venezolanos hay en Catatumbo y cuáles son sus necesidades. También debería asegurarse de que todos tengan un permiso de trabajo para que, idealmente, puedan trabajar en zonas más seguras del país.
Informe de hrw.org

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