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martes, 13 de agosto de 2019

Ofertas fáciles de trabajo son usadas como carnada por redes de trata de personas



Las ofertas laborales que se presentan como oportunidades soñadas que llegan a través de páginas de internet o por recomendaciones «del amigo de un amigo» son un indicador de peligro para las víctimas de trata y tráfico de personas 
Gabriela Rojas, Orianny Granado, Roison Figuera

Como modelos, niñeras, recepcionistas, para trabajar en un hotel de lujo, aprender inglés o simplemente para conocer otros países. Pagan en euros, en dólares, o ayudan a conseguir documentos. Todo suena fácil, ideal y a veces como el trabajo soñado. Pero esta lista de ofertas laborales también es la más frecuente cuando se caracterizan los modos de captación de las víctimas de trata y tráfico de personas, en especial en el caso de niñas, adolescentes y mujeres, que en Venezuela constituyen 68% del perfil de personas vulnerables a este delito, uno de los cinco más rentables del mundo por la cantidad de dinero que se mueve a través de estas redes.


La explotación sexual y laboral son formas de esclavitud moderna relacionadas con mafias de trata y tráfico de personas, un fenómeno que encontró su detonante en la migración venezolana y en el contexto de la crisis humanitaria. La mayoría de las veces las ventanas por las que aparecen estas “oportunidades” son muy diversas, pero tienen en común lo atractivas que parecen:
“Las mejores fiestas y paquetes turísticos para Margarita, Los Roques, Aruba o Curazao. Te puedes ganar un fin de semana de diversión gratis”.
“Buscamos chicas lindas como tú. Agencia de modelaje. Pago en euros y dólares ¿quieres operarte? Contáctanos”.
“¿Quieres aprender inglés? Esta es una oportunidad de oro para que obtengas una beca, estudies y conozcas otros países”.
Clic, clic, clic. A medida que la oferta se simplifica y el camino para captar interesados se hace más fácil, mayor debe ser la sospecha, alerta Carmen Mercedes González, directora de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada adscrita al Ministerio de Interior y Justicia.
“A simple vista parecen inofensivos, pero hay que dudar si es demasiado bueno. Y a medida que se adentran en lo que se conoce como la red profunda (Deep web) es peor: hay redes de pornografía infantil, ventas de bebés, subastas de mujeres, niños y niñas».
Agrega la funcionaria que «es un inframundo altamente peligroso utilizado por las redes de trata para mover su negocio, y aquí estamos hablando de crimen organizado del cual no es fácil salir”.
*Lea también: Naufragios hunden las denuncias por trata de personas en las costas venezolanas
Esa sensación aún persigue a «La Yoli» (identidad reservada). El miedo a ser asesinada forma parte de su vida aunque esté de vuelta en casa “porque quien salía de eso no lo contaba”. La mujer de 26 años salió de Venezuela rumbo a la frontera con Brasil. Sabía a lo que iba cuando decidió emigrar: ofrecer servicios sexuales para mandar dinero a su familia en el estado Vargas.
La idea surgió cuando una amiga de un sector vecino en la parroquia Carlos Soublette, en Vargas, se lo sugirió. Le habló de las facilidades que podía conseguir, le dijo que tenía unos contactos en Brasil y que todo iría bien. Yoli se fue. Pero al cruzar la frontera, la persona contacto que la esperaba le quitó el pasaporte, su cédula, su celular y el poco dinero que cargaba y la encerró junto a otras mujeres en una casa a la que llegaban hombres a cualquier hora del día o la noche, con un papel en la mano que llevaba escrito el nombre de la mujer por la cual habían pagado en dólares.
Pero ni dólares, ni reales, ni bolívares. Ese dinero nunca le llegaba a Yoli. A todas las mujeres les decían que tenían que pagar el alquiler de la casa donde se “hospedaban”. Permanecían encerradas e incomunicadas. A cientos de kilómetros, en Vargas, su familia no volvió a tener noticias de ella porque no había manera de que pudiera llamar a nadie.
Dos meses después del encierro, “La Yoli” pudo hacer una video llamada por Whatsapp desde el teléfono del cliente que más la frecuentaba para avisarle a sus familiares que estaba viva. Desde ese momento, cada vez que el hombre la visitaba era cuando le podía dar noticias a su familia sobre su paradero. Y fue con ayuda de ese mismo hombre que escapó del lugar dejando atrás todos sus documentos, en una huida improvisada en la que no tenía nada de dinero para regresar a Venezuela.
El pesar del secuestro y la idea de que su vida todavía corre peligro forman parte de sus días aunque camine por las calles de la comunidad donde creció sin que muchos sepan por todo lo que tuvo que pasar.

Amistades peligrosas

La captación a través de personas conocidas es más frecuente en poblaciones del interior del país, un método más directo que los anuncios de internet debido al limitado acceso a redes digitales, un perfil que hace aún más vulnerable a estas personas porque primero viajan hasta ciudades o pueblos en los que ni siquiera tienen familiares y necesitan alguien que los reciba antes de salir del país. Por eso el tránsito para cruzar la frontera con «conocidos» o personas contacto se multiplica.
En la frontera con Colombia, al Norte de Santander, específicamente en el sector conocido como La Parada, funciona una red que usa la venta de cabello como una aparente carnada inofensiva para reclutar a jóvenes que llegan desde diferentes partes del territorio venezolano. Pero aunque a oferta parece curiosa, muchas de ellas terminan siendo explotadas sexualmente. Según un reporte de la organización InSight Crime, desde 2016 “75% de las víctimas de trata en Colombia son de nacionalidad venezolana”.

Dentro de ese porcentaje estuvo durante mes y medio Maira Rosales, de 23 años. Salió de Venezuela hace más de un año y, en la desesperación por encontrar trabajo en Cúcuta, aceptó la propuesta de unas jóvenes conocidas que le ofrecieron laborar como mesonera en un restaurant en el que le pagarían muy bien y no necesitaba tener documentos en regla.
Al llegar al sitio donde le dijeron que quedaba el restaurante, ya no pudo salir más. Tampoco lo podían hacer otras venezolanas que estaban allí encerradas contra su voluntad. Veían la luz del sol por la rendija de la puerta o por la separación de algunas ventanas clausuradas. Todas las emntradas estaban aseguradas con candados. Maira relata que puertas adentro eran vigiladas por mujeres encargadas pero, en la parte de afuera, quienes custodiaban el lugar eran policías colombianos.
Cuando Maira llegó fue etiquetada con un costo. “80 mil pesos por rato”. De esa cantidad solo le daban 50%, pero lo tenía que pagar en la comida que le vendían sus propios secuestradores.
Más adelante, la mujer pudo hacer una llamada y contactó a su familia. Su libertad le costó a ellos más de 300.000 pesos. La única condición para que saliera era que actuara como si lo que le ocurrió jamás pasó y mucho menos podía mencionar el nombre del sitio ni la zona donde queda “o me desaparecían, estuviese donde estuviese”.

Historias en las sombras

La opacidad oficial genera un subregistro que no permite ver la dimensión del problema. Los datos que se conocen provienen de otros países involucrados: hasta 2018 se detectó un aproximado de 147 mil víctimas de trata de nacionalidad venezolana, lo que ubica a Venezuela en el primer lugar de prevalencia de este delito en Latinoamérica, según el Índice Global de Esclavitud Moderna.
Pero el Ministerio apenas asoma datos que ni siquiera llegan a tres cifras: registran menos de 100.
En contraposición a números extraoficiales que marcan un acelerado crecimiento desde 2014 en casos reportados de trabajo forzoso, servidumbre y prostitución, según la Asociación Civil Paz Activa.
“En dos años aumentó 300% el número de casos de víctimas de esclavitud moderna, específicamente, la trata de personas. Hasta 2018 tenemos un registro de 198.800 víctimas; si se revisa el comparativo del período anterior, 2014-2016, se proyecta que en los próximos dos años podrían contarse 600.000 venezolanos víctimas de esclavitud moderna, si este ritmo no se detiene”, advierte Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz.

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) en su Informe sobre la crisis migratoria del país señala que los niños que salen del país sin sus padres son presa fácil para quienes se dedican al tráfico y la trata. El documento señala que solo entre abril y julio de 2018 se reportó el rescate de al menos 12 menores de edad víctimas de trata en Perú.
“En febrero de 2019, el Ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago anunció el rescate de 19 niñas y adolescentes venezolanas, con edades comprendidas entre los 15 y 19 años; según las autoridades trinitarias, esta sería la mayor operación de trata de personas y esclavas sexuales detectada en el país”, dice el informe de Provea.
El crecimiento en las cifras de víctimas de esclavitud moderna, que incluye trabajo forzoso, servidumbre y prostitución, se ha acelerado a un ritmo exponencial y sostenido desde 2014, alertó la Asociación Civil Paz Activa. Y los métodos también se diversifican.
En enero de 2017, la Fiscalía panameña advirtió sobre la búsqueda y posterior detención de una mujer identificada como Angélica Elena Hansen López, de 33 años de edad, nacida en el estado Zulia, quien era buscada por liderar un grupo dedicado a la trata de personas para su explotación sexual en Panamá. La venezolana tenía una alerta roja de Interpol solicitada por Panamá desde el 26 de octubre de 2016.
Desde ese entonces la investigación reveló la existencia de la banda autodenominada «Los Chamos», dedicada a la trata y la descripción del modus operandi y los datos de los involucrados fueron precisados en un informe de la Sección de Asuntos Externos y Extranjería de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de Panamá, en el cual se alertó de la explotación sexual de un grupo de mujeres que estaba secuestrada en un edificio en pleno centro de la capital de esa nación.
En junio de 2018, de nuevo la prensa internacional reseñaba el desmantelamiento de otra red de trata, luego de la captura de Mariana Pares Pacheco, conocida como la «Meretriz Guara» o la «Reina del escort» (damas de compañía), que trabajaba con una mafia que tenía retenida a 13 mujeres venezolanas y colombianas que fueron llevadas a prostituirse en Viena, Austria.
El medio austríaco Die Presse reseñó que la mujer que se presentaba en sus redes sociales como modelo y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Yacambú, les ofrecía a las jóvenes que iban a trabajar como niñeras en Europa y les cubrían todos los costos del viaje y papeleo, pero una vez llegaban, les quitaban el pasaporte y las obligaban a prostituirse. También utilizaban la fachada de una agencia de modelaje llamada Ilusion Dolls, en la que estaba involucrada otra mujer que las captaba y tres hombres, todos venezolanos.
Una de las víctimas logró contactar a su familia, la liberaron y denunció ante la policía que esta red operaba desde finales de 2016. Señaló un modus operandi similar a las que fueron rescatadas en Panamá, aproximadamente en la misma fecha: las reclutaban en discotecas o respondían a anuncios en internet para trabajar como niñeras.

Números furtivos

El Ministerio Público, en septiembre de 2018, dio algunas cifras. El fiscal general designado por la constituyente, Tarek William Saab, dijo que habían desmantelado una red que operaba entre Caracas y Mérida, por la cual 28 personas fueron detenidas (15 mujeres y 13 hombres) y que dos de ellos consiguieron libertades condicionales.
Saab solo dio un nombre: David Ferrer, y dijo que era el líder de esta operación en específico que logró ser desmantelada. Saab añadió que durante su gestión -que comenzó en agosto de 2017- la Fiscalía ha acusado y detenido a 71 venezolanos por la trata de personas.
Pero en el informe anual sobre tráfico de personas relativo a 2018, desarrollado por el Departamento de Estados de los Estados Unidos, Venezuela se mantuvo en el nivel 3, es decir el peor estadio en el que se ubican los países que no cumplen con los estándares mínimos y tampoco están haciendo esfuerzos significativos para eliminar la trata.
El informe señala que, en los últimos cinco años, “Venezuela es una fuente y país de destino para hombres, mujeres y niños sometidos a trata sexual y trabajo forzado. Como la situación económica se deteriora, la migración masiva de venezolanos a países vecinos aumentó, por lo que durante el período del informe (2018) se identificaron presuntas víctimas de trata en Aruba, Colombia, Costa Rica, Curazao, República Dominicana, Ecuador, Guyana, México, Panamá, Perú, España, Surinam y Trinidad y Tobago”.
El perfil caracterizado dentro del informe muestra que mujeres y niñas venezolanas son atraídas desde regiones del interior hasta centros urbanos y turísticos fuera del país para ser sometidos a tráfico sexual y turismo sexual infantil. “Los niños venezolanos son explotados dentro del país, frecuentemente por parientes para que trabajen como servidumbre doméstica. Organizaciones internacionales identificaron víctimas de nacionalidad venezolana en países sudamericanos, asiáticos, africanos y en islas del Caribe. Los funcionarios encargados de estos casos reportaron un aumento del tráfico sexual en el sector minero informal”.
La situación de alerta ha alcanzado a diversas instituciones. La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) y la organización Cáritas hicieron un llamado al gobierno para que abra una investigación seria sobre los casos de supuesto naufragio de embarcaciones que partieron hacia las islas del Caribe en un período de apenas dos meses.

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