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jueves, 1 de agosto de 2019

Cuerpos de seguridad tienen sus “públicos clave” cuando se trata de reprimir



Cuatro organismos dedicados a la seguridad de la población han sido señalados por diversas organizaciones no gubernamentales y representantes de Naciones Unidas como responsables en las violaciones de derechos humanos fundamentales de los venezolanos
Luisa Quintero y Zulvyn Díaz

¿Qué tienen en común las FAES, el Cicpc, la Dgcim y el Sebin? Estos cuatro cuerpos de seguridad del Estado venezolano fueron identificados en el más reciente informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos como organismos que ha utilizado el régimen de Nicolás Maduro para perseguir y reprimir la disidencia política, por lo menos desde hace 10 años. 


En el documento, publicado el 4 de julio y presentando un día después ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Alta Comisionada Michelle Bachelet destacó que las FAES, creada en 2017 como una unidad de respuesta rápida para combatir el crimen organizado, han sido presuntamente responsables de numerosas ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad, al igual que el Cicpc; mientras que los servicios de inteligencia (el Sebin y la Dgcim) han sido responsables de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores, políticos y de sus familiares. 
Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos describen a los cuerpos de seguridad del Estado como “los principales transgresores del derecho a la vida”, a través de la implementación de políticas de seguridad erróneas, donde prevalece el enfoque belicista, por encima del preventivo.
Especialistas coinciden que las muertes de jóvenes en “presuntos enfrentamientos” o “resistencia a la autoridad”, que no son más que ejecuciones extrajudiciales, comparten rasgos comunes que han permanecido inalterables. 
El criminólogo y periodista Javier Ignacio Mayorca asegura que tras analizar a víctimas y victimarios, el perfil de ambos permanece igual que hace dos décadas; “lo que varía es las magnitudes y un leve desplazamiento entre las edades de las víctimas”, sostuvo.
Mientras que el perfil de las víctimas se mantiene, el factor de violencia ha cambiado. La fuerte irrupción de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que en sus inicios hizo énfasis en la defensa de los derechos humanos, la protección de la población, la política de las tácticas de proximidad y la resolución de conflictos, por encima de las tácticas de mano dura, cambió desde que se inició la segunda fase de las llamadas Operación de Liberación del Pueblo (OLP) en 2017.

PNB y su FAES

La PNB es el principal cuerpo policial y fuerza de seguridad civil a escala nacional. Inició funciones en 2009  y está adscrita al Ministerio de Interior y Justicia. El pasado 3 de mayo, el gobernante Nicolás Maduro designó como director de la institución al general de la brigada de la Guardia Nacional Elio Estrada Paredes, en sustitución del general de División Carlos Pérez Ampueda. 
Entre las divisiones de la PNB se encuentran las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), una unidad que desde principios de 2018 reemplazó las OLP, implementadas de 2015 a 2017, y con lo que se dejó de lado su función de combatir a gran escala el narcotráfico y las organizaciones criminales.
Sobre las FAES es poca la información que se precisa en las entidades gubernamentales. Como organismo adscrito al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, le rinde cuentas al ministro Néstor Reverol, quien este año decidió reemplazar como director a Rafael Bastardo por el comisario jefe José Miguel Domínguez, señalado de pertenecer al “colectivo” Continente. 
Por su parte, Jhonny Bracamonte funge como director del centro especializado de formación FAES, perteneciente a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) y ubicado en la población de El Junquito (Distrito Capital).
Las Fuerzas de Acciones Especiales está compuesta por una Unidad de Operaciones y Tácticas Especiales, de Operaciones Caninas, una Brigada Motorizada y cinco direcciones relacionadas con Inteligencia, Antidrogas, contra la Delincuencia Organizada, Antiextorsión y Secuestro e Investigaciones Penales. 
El informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) identificó, en base a decenas de entrevistas a familiares y víctimas, que los operativos de las FAES se realizan en barrios y zonas populares y terminan en muchos casos como ejecuciones extrajudiciales. 
Diversas ONG han denunciado que las víctimas en estos operativos que realizan las FAES son, principalmente, jóvenes con edades entre los 15 y 29 años de edad, de bajo estrato social, sin profesión conocida y por lo general, están inmersos en un círculo de violencia.
Según los datos recopilados por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), la PNB se posiciona como la segunda institución más letal -ocupada anteriormente por la Policía Metropolitana y la Guardia Nacional- al ser responsable de al menos 30% de las muertes por intervención de la fuerza pública en el país. 
De acuerdo con datos recabados por la organización Monitor de Víctimas, durante el primer trimestre del año, las FAES fueron responsables de 80 de los 210 homicidios registrados en ese período, lo que representa 38%, mientras que 14 personas (un 7%), murieron a manos de funcionarios del Cicpc. 
Según el informe de Oacnudh, los operativos se realizan con un modus operandi similar: “Las FAES llegarían en camionetas negras sin placas de matrícula y bloquearían los puntos de acceso en la zona. Vestían de negro, sin ninguna identificación personal, con pasamontañas cubriendo sus rostros. También llevarían armas largas. Las familias de las víctimas describieron cómo las FAES irrumpieron en sus hogares, se apoderaron de sus pertenencias y ejercieron violencia de género contra las mujeres y las niñas, incluyendo la desnudez forzada. Las FAES separarían a los hombres jóvenes de otros miembros de la familia antes de dispararles. Según sus familiares, casi todas las víctimas habían recibido uno o más disparos en el tórax”.
Además, los testigos y familiares reportaron que los funcionarios de las FAES manipularon la escena del crimen y las pruebas. “Habrían plantado armas y drogas y habrían disparado sus armas contra las paredes o en el aire para insinuar un enfrentamiento y demostrar que la víctima se habría “resistido a la autoridad”. En muchos casos, se reportó que las FAES llevaron a las víctimas al hospital, aunque éstas ya estaban muertas, aparentemente con el propósito de manipular los cuerpos y modificar la escena del crimen”.

Cicpc atado de manos

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) es el principal órgano de investigación de Venezuela. Está a cargo del esclarecimiento científico de los delitos. 
La línea de mando de esta institución está encabezada por el Director Nacional, comisario Douglas Rico; en la subdirección se encuentra el comisario Jhonny Salazar;  el cargo de Inspector General lo ocupa el comisario Bladimir Flores, hermano de la primera dama Cilia Flores. El asesor jurídico de la institución es Juan de la Cruz Pereira y la Secretaria Nacional la ocupa la comisaria Mercy Bracho. 
Entre los principios que rigen las bases de la institución resaltan el desarrollo de las investigaciones con celeridad, imparcialidad y apego al debido proceso. Sin embargo, el incumplimiento de estos preceptos, la dudosa reputación y competencias de varios de sus funcionarios inmersos en delitos, ha opacado la imagen de la policía científica ante la colectividad. 
Al tener un rango de acción extenso, pues las investigaciones del Cicpc van desde hurtos hasta homicidios y desmantelamiento de bandas criminales y megabandas, la población que ha sido víctima de procedimientos que violan los derechos humanos por parte de este cuerpos de seguridad es amplia. 

En los últimos años, las investigaciones y trabajo del Cicpc se han centrado en desmantelar esas grandes organizaciones criminales. Pero en los operativos pagan justos por pecadores. En el caso de bandas y megabandas, sus integrantes van desde los 14 años en adelante, pertenecen a estratos sociales bajos y generalmente no tienen estudios o son limitados. 
El criminólogo Javier Ignacio Mayorca destaca que el número de personas que son ultimadas en enfrentamientos en caso de “resistencia a la autoridad” por la policía científica ha disminuido. “Hace diez años, el Cicpc el cuerpo policial era con más muertes por resistencia a la autoridad. Actualmente ese puesto lo lideran las FAES y otras divisiones de la Policía Nacional Bolivariana”.
El pasado 19 de julio, el detective José Jesús Rodríguez Rodríguez, de 24 años de edad, adscrito al Eje de Investigación de Homicidio de La Guaira, fue detenido luego de que golpeó y agredió con un cuchillo a sus padres, mientras estaba bajo los efectos del alcohol. El hecho ocurrió en el sector La Aviación. 
Para el abogado y comisario general jubilado del Cicpc, Sergio González, parte de la descomposición que existe dentro de este cuerpo policial se debe principalmente a la falta de criterio de selección y formación de los futuros detectives del órgano investigador. 
El también profesor de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), relata que hace unos días un comisión del Eje Central de la División contra Homicidios se presentó en la institución para dar con el paradero de un joven en formación de la institución, quien estaba solicitado por dos asesinatos. 
“Es necesario devolverles la autonomía que los cuerpos policiales tenían. La deficiencia en la formación de los nuevos hombres de la seguridad, deriva en funcionarios inmersos en el delito”, señala González. 

Dgcim a sus anchas

Según su página web, que no muestra mayor información sobre sus operaciones, la misión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) es la de “ejecutar operaciones de contrainteligencia que impidan, corten y prevengan las actividades de espionaje e inteligencia enemigas”.
Además, se incluye entre sus funciones el “contribuir con la investigación penal en el ámbito militar y civil para garantizar la protección del Comandante en Jefe y la seguridad” de la Fuerza Armada Nacional, todo ello mediante “el mantenimiento de apresto operacional, fortalecimiento de la disciplina, seguridad de la información y el correcto uso de los procedimientos militares”.
La estructura de mando de este organismo, que depende directamente del Ministerio de Defensa, a cargo del general en jefe Vladimir Padrino López, ha sido un misterio. Según la periodista Sebastiana Barraez, el director general de la Dgcim es el mayor general del Ejército Iván Hernández Dala; en el puesto de subdirector ejerce el general de Brigada Rafael Ramón Blanco Marrero. 
En la Dirección de Investigación estaría el coronel del Ejército Rafael Antonio Franco Quintero; en la jefatura de la Unidad de Asuntos Especiales está el mayor Alexander Enrique Granko Arteaga, mientras que el director de la Dgcim en Boleíta sería el coronel del Ejército Hannover Esteban Guerrero Mijares. 
Según datos de abogados y organizaciones no gubernamentales, entre 40 y 50 civiles o militares permanecen detenidos dentro de la sede de Boleíta, el cuartel principal de la Dgcim en el país. Los familiares de gran parte de estos presos, casi todos por motivos políticos, han denunciado ser víctimas de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Para recluir a una persona en Boleíta parece que debe cumplir con cierto perfil: De ser militares, deben haber sido acusados de traición a la patria, rebelión o delitos contra el decoro militar, los principales tipos penales que ha imputado Fiscalía Militar a los más de 20 efectivos, la mayoría altos rangos, de los distintos cuerpos de la Fuerza Armada Nacional que permanecen en esas instalaciones.
En el caso de los civiles, las imputaciones que realiza el Ministerio Público son más amplias. Por ejemplo, en Boleíta permanecen recluidos varios exdirectivos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y Citgo, acusados de corrupción, o señalados de cometer “instigación pública” como fue el caso de la clarinetista Karen Palacios.
A partir de 2017 cuando la Dgcim empezó a tomar “relevancia” en las denuncias sobre violaciones a la integridad personal, cuando concentró el 17,4% de los casos, según datos del Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea). Ese año tan solo fue superada por las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES-PNB) y la Guardia Nacional.
La Oacnudh, en un informe sobre Venezuela publicado en junio de 2018, documentó una serie de denuncias donde estuvo involucrada la Dgcim. Esta instancia de Naciones Unidas registró más de 90 casos de tortura cometidos en 2017 y afirmó que los agentes de seguridad de este organismo recurrieron de forma notable a estos métodos para obtener una confesión, información e intimidar y castigar a los detenidos.

Entre las torturas o tratos crueles aplicados estarían las golpizas, aislamiento forzado, negación de alimentos, agua o atención médica, esposamiento por largos períodos de tiempo, descargas eléctricas o amenazas sobre ello, golpes excesivos hasta romper costillas, simulaciones de ejecución, cortes en plantas de pies, ahogamientos simulados, la llamada “tortura blanca”, colgamientos, asfixia parcial con capuchas o carpetas amarradas con cintas plásticas, etc.
Según datos de Provea, la Dgcim encabezó en 2018 las denuncias por presuntas torturas en todo el país. De 100 casos registrados, 75 personas señalaron directamente a este cuerpo de seguridad de ser responsable de esta violación a los DDHH.
Además, Provea también identificó que este cuerpo de seguridad estuvo involucrado en 431 casos de violaciones a la integridad personal, lo que incluye desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como negación a la alimentación y otros derechos.

Sebin al acecho

El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) es un organismo de inteligencia y contrainteligencia interior y exterior de Venezuela, que depende de la Vicepresidencia de la República. Este organismo es uno de los más “nuevos” junto a las FAES, pues fue establecido formalmente el 2 de junio de 2010.
El Sebin, al igual que el resto de los cuerpos de seguridad, proviene de una reestructuración, en este caso de la Dirección Nacional de los Servicios de inteligencia y Prevención (Disip). Estos cambio, ordenados por el fallecido Hugo Chávez, se hicieron bajo el mando del mayor general retirado y entonces ministro de Interior y Justicia Miguel Rodríguez Torres.
Rodríguez Torres fue director de este organismo por cuatro años. Ahora es un perseguido por el régimen de Nicolás Maduro por presunta instigación a la rebelión. Al mayor general lo sucedió Manuel Bernal Martínez, quien fue cambiado ese mismo año (2014) por Gustavo González López hasta octubre de 2018, cuando Manuel Cristopher Figuera fue señalado para ocupar el cargo. 
El 30 de abril de 2019 Gustavo González López regresó al Sebin, luego de que Cristopher Figuera fuera despedido por estar involucrado en una conspiración y rebelión militar para sacar a Nicolás Maduro del poder. 
Sobre este cuerpo de seguridad no se tienen mayores detalles de su funcionamiento institucional; ni siquiera posee una página web. La última actualización de su Twitter se hizo en 2014, cuando Rodríguez Torres todavía se encontraba al mando.
Con las protestas antigubernamentales de 2014, el Sebin cobró notoriedad como organismo responsable de violación a la integridad personal y detenciones arbitrarias de manifestamtes. Todos comparten el mismo perfil: Ser opositor al proyecto político de Nicolás Maduro o haber disentido públicamente de algunas de sus decisiones de gobierno.


Según información de Provea, en los primeros años de gobierno de Maduro el Sebin estuvo involucrado en los primeros puestos como organismo responsable de detenciones arbitrarias y denuncias de presuntas torturas. Para 2017 y 2018 su “labor” en este ámbito se ha mantenido, aunque opacado por el ascenso de la Dgcim como cuerpo represor.
La ONG especializada en derechos humanos destacó que en 2018, el Sebin fue señalado en 12 casos como responsable directo de torturas, y cinco casos sobre tratos crueles, inhumanos y degradantes. En octubre de ese año también se registró la muerte del concejal del municipio Libertador (Distrito Capital) Fernando Albán.
Según informaciones de autoridades del gobierno, Albán se habría suicidado al lanzarse del piso 10 de la sede del Sebin ubicada en Plaza Venezuela, mejor conocida como La Tumba, pero sus abogados y familiares aseguran que fue torturado y lanzado desde esa altura para simular las graves lesiones que le ocasionaron la muerte.
Este suceso y un incidente con la caravana presidencial le habrían costado el puesto a Gustavo González López. Un año antes,  fue citado a declarar en la Fiscalía 85º Nacional por presuntamente cometer graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Este caso no ha avanzado.

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