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viernes, 14 de junio de 2019

Casi 99% de las detenciones en las que se persigue a políticos son arbitrarias (II)



El Foro Penal ha documentado 12.016 detenciones y encarcelaciones arbitrarias entre el mes de abril de 2013 cuando Nicolás Maduro llegó al poder hasta el 28 de enero de 2018, todas contra cualquier persona que tenga una opinión distinta al Gobierno

El abogado penalista Joel García recuerda que según lo que dice el grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) toda detención que fuese realizada fuera de los parámetros de una orden judicial o en flagrancia, cuando se trata de un hecho punible, ya es arbitraria.


Para García, hablar de detenciones arbitrarias en Venezuela es referirse “casi a 99% de los casos en que se persigue a disidentes políticos. Es una fabricación de expedientes, un traje a la medida dependiendo del personaje que se quiera perseguir”, detalla el abogado.
En 2017, Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional dijo: “En Venezuela está prohibido disentir. Las autoridades parecen no tener límite a la hora de aplicar un sinnúmero de argucias legales para castigar a quienes expresan una opinión diferente de la oficial”.
Joel García recuerda que estos patrones siempre han estado presentes, pero afirma que “desde 2017 se han incrementado”. El Foro Penal ha documentado 12.016 detenciones y encarcelaciones arbitrarias entre el mes de abril de 2013, cuando Nicolás Maduro llegó al poder, hasta el 28 de enero de 2018, todas contra cualquier persona que tenga una opinión distinta al Gobierno.
El abogado penalista explica que “el delito comodín para dejar privado de libertad a cualquiera es el delito de asociación, es el delito rey”, dice, mientras sostiene que normalmente también se le acusa de otro delito menos grave, pero en compañía de este para poder encarcelar a la persona.
Asimismo, enumera los otros delitos que comúnmente se le imputan a este tipo de detenidos: terrorismo, financiamiento al terrorismo, instigación pública y, en el caso de manifestaciones públicas, se aplica obstrucción a la justicia.
La mayoría de estas detenciones arbitrarias son llevadas a cabo por lo que Joel García denomina “una policía de pensamiento”, que es la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) o el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en actuación con el Ministerio Público.
Los rostros de este tipo de detenciones arbitrarias se cuentan por centenares, al igual que las desapariciones forzosas. La historia de Gilber Caro, con dos detenciones arbitrarias, ilustra en dos ocasiones cómo el Estado venezolano recurre a estas prácticas para tratar de callar a sus adversarios.
El 11 de enero de 2017, Gilber Caro, diputado a la Asamblea Nacional por Voluntad Popular, fue detenido por funcionarios del Sebin, junto a su pareja, Steyci Escalona, cuando viajaban a Caracas.
En ese entonces se dijo que a Caro y a Escalona se les había incautado un fusil de guerra y material explosivo. Se le imputaron los delitos de traición a la patria y sustracción de efectos de la Fuerza Armada Nacional.
Steyci Escalona fue presentada ante un tribunal militar y se le imputaron los delitos de sustracción de efectos militares y rebelión. Gilber Caro fue trasladado al centro penitenciario 26 de Julio en el estado Guárico y transcurrieron 14 meses sin ser presentado ante un juez para determinar su situación jurídica.
A Gilber Caro se le violó su inmunidad parlamentaria y se le encarceló sin contar con una orden de detención y sin haber justificado su detención en flagrancia ante ninguna autoridad.
Caro pasó un año y cinco meses preso en diferentes cárceles del país y fue excarcelado el 3 de junio de 2018 como parte de un proceso de liberaciones que adelantó la constituyente.
La libertad de Gilber Caro se dio con las medidas cautelares de prohibición de salida del país y prohibición de declarar sobre su caso en los medios de comunicación.

Segunda detención de Gilber Caro y ninguna justificación

La segunda detención del diputado Gilber Caro se dio la madrugada del 26 de abril, diez meses después de haber quedado en libertad. Esta captura también se hizo sin orden judicial y estuvo a cargo de funcionarios del Sebin en la urbanización Las Mercedes, en Caracas, mientras el parlamentario comía con unos conocidos.
A pesar de que quienes lo acompañaban indicaron que Caro fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, sus familiares, así como la defensa, estaban preocupados por la desaparición del parlamentario.

Pasó más de un mes sin que se supiera del paradero del diputado Gilber Caro y aún se desconocen los motivos de su detención. El 30 de mayo, la abogada del parlamentario, Theresly Malavé, informó que está recluido en El Helicoide; sin embargo, destacó que el hecho de que haya aparecido “no quiere decir que no haya ocurrido la desaparición forzada. Ya se consumó y los funcionarios son responsables”, escribió en su cuenta de Twitter.
A pesar de que el tribunal sexto de control del estado Carabobo emitió una orden de traslado para que el diputado Gilber Caro sea presentado, esta no se ha materializado y su defensora no lo ha podido ver, tampoco sus familiares.
Gilber Caro es diputado por el estado Miranda, suplente de Rafael Guzmán. Antes de ser parlamentario, Caro cumplió una condena de 10 años en la cárcel de El Rodeo.

A Rubén González se le acusa de agresión a funcionarios

Las mismas violaciones al debido proceso que se han dado en las detenciones del diputado Gilber Caro y del exministro Miguel Rodríguez Torres se vieron en la captura de Rubén González, secretario general del sindicatos de Ferrominera del Orinoco, quien fue apresado el 29 de noviembre de 2018 junto a otros siete trabajadores de la empresa estatal. Estos fueron detenidos por funcionarios de la Guardia Nacional en una alcabala en Anaco, estado Anzoátegui.
González y los otros trabajadores de las empresas básicas de Guayana fueron detenidos luego de participar en una manifestación frente a la Defensoría del Pueblo, en Caracas, para exigir mejores condiciones laborales y respeto a las contrataciones colectivas.

El secretario general del sindicato de Ferrominera fue trasladado al Centro Penitenciario de Oriente, mejor conocido como cárcel de La Pica en Maturín, por decisión de un juez militar, pese a ser civil. Esta también es la segunda vez que González está preso.
En 2009 Rubén González fue detenido y condenado a casi ocho años de cárcel por los delitos de agavillamiento, instar a delinquir, cierre de vías, traspasar zonas de seguridad y violación del derecho al trabajo.
El 29 de mayo de 2019, González cumplió seis meses presos. También fue detenido sin una orden judicial y se le acusa de agresión a funcionarios militares. Los familiares de González exigen su libertad plena porque aseguran que no pueden pedir juicio para alguien inocente.

Miguel Rodríguez Torres, preso de su propio organismo

El general retirado Miguel Rodríguez Torres, exministro de Interior y Justicia y exjefe de inteligencia, fue detenido el 13 de marzo de 2018 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional cuando salía de un foro denominado “Mujeres llamadas al cambio” en el hotel President de Plaza Venezuela, en Caracas.
A Rodríguez Torres, militar en condición de retiro, disidente del chavismo y coordinador del Movimiento Amplio Desafío de Todos; se le acusa de espionaje, conspiración e instigación a la rebelión. En el momento de su detención, el militar pidió ver la orden de captura, pero esta no existía; sin embargo, él no se negó a ser apresado y se fue con los funcionarios sin oponer resistencia a pesar de desconocer el motivo de su detención.
El militar retirado estuvo recluido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en el estado Miranda, desde que fue detenido por funcionarios del cuerpo de investigaciones que estuvo a su cargo entre el año 2002 (cuando aun se le conocía como DISIP) y el 2013.

En ese entonces, Octavio Táriba, miembro de la dirección nacional del Movimiento Amplio Desafío de Todos, calificó la detención de Miguel Rodríguez Torres como un secuestro. “Viola los derechos fundamentales y demuestra que han pulverizado los derechos ciudadanos. El Estado inventa subversión, bajo las mentiras de un Gobierno que va quitando del camino a quienes revelan la verdad de la crisis política, económica y social que atraviesa el país”, dijo.
El Gobierno justificó la detención del exministro con un comunicado difundido a través del canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), en el que se dijo que Miguel Rodríguez Torres estaba “incurso en acciones contra la paz y la tranquilidad pública, y en conjuras y complots que perseguían la intención aviesa de atentar contra la unidad monolítica de nuestra FAN”.
El 9 de mayo de 2019, el mayor general Miguel Rodríguez Torres fue trasladado a una cárcel de “máxima seguridad” en Fuerte Tiuna, según informó Movimiento Amplio Desafío de Todos, organización liderada por el exministro.
Un año y tres meses lleva detenido Miguel Rodríguez Torres y ni siquiera se le ha realizado la primera audiencia preliminar.

Presos por comparar a Maduro con un burro

El 13 de septiembre de 2018 dos bomberos fueron apresados por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar luego de grabar y difundir un video en el que comparaban a Nicolás Maduro con un burro. Los nombres de los bomberos son Ricardo Antonio Prieto Parra y Carlos Julio Varón Gracia.
Ambos trabajadores grabaron un video en el que se ve cómo paseaban a un burro por la estación #8, ubicada en Apartaderos, municipio Rangel del estado Mérida. A medida que le hacían el recorrido al animal por la estación de bomberos, lo interrogaban como si fuese Maduro quien inspeccionaba la sede y denunciaban la falta de equipos en la estación de bomberos.
Dos días después de la detención, el fiscal Silvio Villegas imputó a Prieto y a Varón por el delito de incitación al odio con agraventes y solicitó privativa de libertad para ambos. Sin embargo, 48 días después de la detención en la Policía de Mérida, exactamente el 31 de octubre, ambos fueron excarcelados tras una audiencia de presentación.

La cifra de presos políticos del Foro Penal hasta el 10 de junio contabiliza 773 presos políticos en Venezuela.

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