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jueves, 4 de abril de 2019

EEUU utiliza Helms-Burton para aumentar la presión contra Cuba por su rol en Venezuela



Estados Unidos postpondrá por dos semanas una decisión sobre permitir la implementación completa de la ley Helms-Burton. La medida aumenta la presión sobre compañías españolas, canadienses y de otros países que podrían ser demandadas por “traficar” con propiedades confiscadas por el gobierno cubano hace sesenta años.
La decisión, que se anunció el miércoles, se produce en medio de las críticas de Estados Unidos contra el gobierno de Cuba, al que ha acusado de sostener a Nicolás Maduro en Venezuela.


En un comunicado enviado al Congreso, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que Estados Unidos “continúa examinando la situación de los derechos humanos en Cuba, incluida la continua represión de los derechos del pueblo cubano a la libertad de expresión... y a reunirse libremente”. Pompeo agregó que el departamento de Estado “también está monitoreando el continuo apoyo militar, de seguridad y de inteligencia que Cuba” está ofreciendo a Maduro, “quien es responsable de la represión, la violencia y una crisis humanitaria... en Venezuela”.
Varios políticos estadounidenses sugieron a principios de esta semana que una nueva medida relacionada con la ley Helms-Burton podría llegar muy pronto.
“El régimen de Cuba es la razón más importante por la que el régimen de Maduro todavía puede reprimir, encarcelar, torturar y matar al pueblo de Venezuela”, escribió el senador republicano Marco Rubio en Twitter el lunes. Luego añadió la etiqueta “#HelmsBurton”, sin dar más detalles.
“Los Estados Unidos responsabilizarán a Cuba por la subversión de la democracia en Venezuela y su mano directa en la actual represión de Maduro contra el pueblo venezolano”, declaró el asesor de seguridad nacional John Bolton en Twitter.
La Administración de Donald Trump rompió con la práctica de suspender cada seis meses el Título III de la ley Helms-Burton, un capítulo que permite a los estadounidenses presentar demandas para buscar compensación por las propiedades que les fueron confiscadas por el gobierno del fallecido Fidel Castro a partir de 1959. La ley Helms-Burton, aprobada en 1996, reforzó el embargo a Cuba.
Desde el 16 de enero, cuando emitió una suspension de 45 días, la administración ha ido reduciendo los períodos de suspensión del Título III, lo que indica su disposición a endurecer el embargo .

A inicios de marzo, la administración permitió las demandas a unas 200 compañías cubanas asociadas a los militares que ahora controlan propiedades confiscadas por el gobierno cubano. Pero aplazó por un mes tomar una decisión sobre si permitir que se demande a compañías extranjeras presentes en la isla, en medio de consideraciones sobre qué hacer para buscar apoyo internacional a una campaña de presión contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

España, Canadá y Francia estarían entre los países más afectados por una implementación completa del Título III pues tienen inversiones en el turismo y la minería en la isla. La suspensión cada seis meses de la Ley Helms-Burton fue precisamente una respuesta de los presidentes estadounidenses a las quejas de sus aliados, quienes protestaron por los efectos extraterritoriales de la ley.

España es el tercer socio comercial de Cuba. Cadenas españolas como Meliá e Iberostar construyeron o administran cerca de 50 hoteles en la isla, algunos de los cuales se encuentran en una lista de entidades restringidas pues son propiedad de compañías que responden a los militares cubanos.
En conversaciones con gobiernos aliados, Estados Unidos está pidiendo más acciones con respecto a Venezuela. Durante una reunión en Washington el lunes con el ministro de relaciones exteriores de España, Josep Borrell, Pompeo agradeció “los esfuerzos de España para apoyar el retorno a la democracia en Venezuela”.
Al mismo tiempo, Borrell hizo saber a Pompeo que un endurecimiento del embargo sería un foco de tensión entre ambos países.
“Hemos hablado de cuestiones importantes, hemos conversado sobre la posibilidad de que se aplicara el artículo 3 de la ley [Helms] Burton a Cuba y ya sabe EEUU que, en eso, estaríamos radicalmente en desacuerdo, los europeos y España en particular”, dijo el ministro en declaraciones de prensa.
Una implementación completa de la ley también afectaría a compañías estadounidenses que obtuvieron permisos bajo el gobierno de Barack Obama para hacer negocios con Cuba, entre ellas, aerolíneas, compañías de cruceros y las cadenas hoteleras Marriott y Starwood.
Aún no se han presentado demandas contra las compañías cubanas por el “tráfico con propiedades confiscadas”, pues una decisión de un juez federal estadounidense sería más bien simbólica. El gobierno cubano ya ha dicho que desconoce la Ley Helms-Burton y cualquier caso legal presentado a partir de ella.
“La Ley Helms-Burton es inaplicable en Cuba, tanto para cubanos como para extranjeros”., escribió el canciller cubano Bruno Rodríguez en Twitter. “Altos funcionarios y escasos legisladores de EEUU que se benefician de las políticas del odio anticubano amenazan con nuevas medidas que perjudicarán a ambos pueblos. Nuevamente fracasarán en sus objetivos imperialistas”.
Sin embargo, la posibilidad de demandar a compañías extranjeras pudiera ser más atractiva para los demandantes pues muchas tienen operaciones y bienes en los Estados Unidos que podrían ser utilizados para ofrecer compensaciones.
Una comisión del Departamento de Justicia certificó 5,913 reclamaciones de estadounidenses po la pérdida de tierras, fábricas, instalaciones, mercancías y cuentas bancarias, entre otros bienes, por un valor actual de más de $8,500 millones. La comisión solo certificó los casos de ciudadanos o compañías de EEUU, sin incluir aquellos relacionados con cubanoamericanos que no eran ciudadanos estadounidenses en el momento de la confiscación. A diferencia de ese proceso, el Título III también permite a esas personas presentar demandas en los tribunales de EEUU.
De las reclamaciones certificadas, solo un poco más de 900 se refieren a pérdidas originales por encima de los $50,000, un requisito que establece la Ley Helms-Burton para presentar las demandas. Pero con los cubanoamericanos en la ecuación, el número de demandas potenciales podría ser mucho mayor.
Siga a Nora Gámez Torres en Twitter: @elnuevoherald

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La Compañía Cubana de Electricidad confiscada en 1960.
La Compañía Cubana de Electricidad confiscada en 1960. Archivo

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